Revista TEFROS

 

                El fuerte de San Carlos (Valle de Uco, Mendoza, 1770): un nodo en los circuitos comerciales entre indígenas e hispanocriollos, de Martina Manchado, Revista TEFROS, Vol. 22, N° 1,

artículos originales, enero-junio 2024: 114-139. En línea: enero de 2024. ISSN 1669-726X

 

Cita recomendada:

Manchado, M. El fuerte de San Carlos (Valle de Uco, Mendoza, 1770): un nodo en los circuitos comerciales entre indígenas e hispanocriollos, Revista TEFROS, Vol. 22, N° 1, artículos originales, enero-junio 2024: 114-139.

 

 

El fuerte de San Carlos (Valle de Uco, Mendoza, 1770): un nodo en los circuitos comerciales entre indígenas e hispanocriollos

 

San Carlos Fort (Uco Valley, Mendoza, 1770): a node in the commercial circuits between the indigenous and the hispanic creole

 

O forte de San Carlos (Vale de Uco, Mendoza, 1770): um nó nos circuitos comerciais entre indígenas e hispano-criollos

 

Martina Manchado

Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales

 Instituto Multidisciplinario de Estudios Sociales Contemporáneos

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Mendoza, Argentina

Contacto: manchadomartina@gmail.com – ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8876-3894

 

Fecha de presentación: 5 de marzo de 2023

Fecha de aceptación: 8 de diciembre de 2023

 

Resumen

En el año 1770 y en el marco de un levantamiento general de aucas, pehuenches y huilliches en Chile, se funda en el Valle de Uco el fuerte de San Carlos, primer hito de demarcación de la frontera mendocina. El objetivo de este trabajo es problematizar esta fundación a través del estudio de los intentos de delimitación de esta zona de frontera y de las circunstancias locales que influyeron en la elección del paraje de La Isla como su lugar de emplazamiento. Se busca mostrar cómo las élites locales eligieron dicho paraje como el lugar indicado para su construcción en una situación de supuesta urgencia debido a la amenaza de incursiones indígenas, a pesar de que no lo era desde el punto de vista eminentemente defensivo. La ubicación del fuerte se decidió estratégicamente en función de circuitos comerciales locales en los cuales los indígenas sureños no sometidos tenían una participación fundamental: el del paso de Portillo-Piuquenes y el que conectaba al Valle de Uco con las tolderías del sur.

Palabras clave: frontera; fuertes; circuitos comerciales.

 

Abstract

In the year 1770, with the background of a general uprising of the Auca, the Pehuenche and the Huilliche in Chile, was founded, in the Uco Valley, the San Carlos Fort, the first milestone of demarcation of Mendoza’s border. The objective of this work is to problematise this foundation through the study of the attempts to delimit this border area and the local circumstances that influenced the choice of La Isla as its location. This work aims at showing how the local elite chose this as the right place for the construction of the fort in a context of supposed urgency under the threat of indigenous incursions, despite it was not so from an eminently defensive point of view. The location of the fort was strategically decided on the basis of local commercial circuits in which the non-subdued indigenous of the south had a fundamental participation: that of the Portillo-Piuquenes pass and that which connected the Uco Valley with the southern tolderías.

Keywords: frontier; forts; trade circuits,

 

Resumo

No ano de 1770 e no âmbito de uma revolta geral de Aucas, Pehuenches e Huilliches no Chile, foi fundado no Vale do Uco o forte de San Carlos, primeiro marco de demarcação da fronteira de Mendoza. O objetivo deste trabalho é problematizar esta fundação através do estudo das tentativas de delimitação desta área fronteiriça e das circunstâncias locais que influenciaram a escolha da área de La Isla como sua localização. Procura mostrar como as elites locais escolheram essa área como local adequado para sua construção numa situação de suposta urgência devido à ameaça de incursões indígenas, mesmo que não fosse de um ponto de vista eminentemente defensivo. A localização do forte foi estrategicamente decidida com base em circuitos comerciais locais nos quais os indígenas não subjugados do sul tiveram uma participação fundamental: o do passo Portillo-Piuquenes e o que ligava o Vale do Uco às tolderías do sul.

Palavras-chave: fronteira; fortes; circuitos comerciais.

 

Introducción

El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar los antecedentes y las circunstancias locales que llevaron a la fundación del fuerte de San Carlos en el Valle de Uco, Mendoza, en 1770. La hipótesis de la que se parte es que la ubicación de dicho fuerte en el paraje de La Isla estaba en estrecha vinculación con los caminos utilizados para el comercio con Chile y Buenos Aires y los que conducían a las tolderías del sur; además, que su emplazamiento respondía a intereses económicos de las élites gobernantes locales que intentaban controlar y asegurar ese comercio. Se pretende mostrar cómo estas elites influyeron en la decisión de elegir al paraje de La Isla como el sitio de emplazamiento del fuerte de San Carlos y cómo, en un contexto que se suponía de urgencia por las incursiones indígenas, presentaban a este paraje como el lugar idóneo para su construcción, a pesar de que no lo era desde el punto de vista eminentemente defensivo. El fuerte estaría ubicado estratégicamente en función de dos circuitos comerciales locales: el que unía al Valle de Uco con las tolderías del sur y el del paso de Portillo-Piuquenes que conectaba con Buenos Aires a través del Camino de las Pampas.

El abordaje de documentos publicados e inéditos provenientes del Archivo General de la Provincia de Mendoza sobre los antecedentes de la fundación y los actores involucrados en la misma tiene como propósito problematizar un hecho histórico puntual: la elección del paraje de emplazamiento del fuerte de San Carlos. Para el desarrollo de la hipótesis se contextualizará esta fundación en una escala macrohistórica que tendrá en cuenta otros casos que reflejan cómo las disputas de poderes locales e imperiales influyeron en la constitución de las fronteras regionales e hispanoamericanas. Luego se analizarán los antecedentes sobre el proceso de ocupación del Valle de Uco hasta la fundación del fuerte de San Carlos. A nivel local, es importante asimismo analizar la situación de los grupos indígenas no sometidos que habitaban en el sur de Mendoza y las dinámicas comerciales que se dieron entre ellos y los hispanocriollos.

El Valle de Uco-Xaurúa se ubica en el centro-oeste de la actual provincia de Mendoza, entre los ríos Mendoza y Diamante[1] (ver Fig. 1). El territorio constituía la periferia rural de la ciudad de Mendoza y del imperio español durante la Colonia (Gascón 2001, 2007, 2011; Prieto, 2000). Los trabajos que han abordado el estudio del Valle de Uco en este período han destacado su importancia para la producción ganadera y su condición estratégica como zona de frontera, próxima a las poblaciones indígenas de pampas, puelches y pehuenches y a los pasos cordilleranos utilizados para el comercio con Chile (Portillo de los Piuquenes, Maipo, Planchón, Pehuenche).

El proceso de ocupación española de este territorio y su poblamiento ha sido caracterizado como “inestable”, debido a los avances indígenas (puelches, pehuenches, araucanos) desde el sur (Prieto, op cit.; Palomeque, 2006; Rustán, 2013). Estos y otros estudios (Gascón 2001, 2007, 2009, 2011) han identificado tres etapas de poblamiento en consonancia con la importancia económica dada a este sector de la campaña. La primera desde la segunda mitad del siglo XVI hasta 1630 aproximadamente, cuando la principal importancia del Valle de Uco radicaba en la disponibilidad de mano de obra indígena (huarpe), trasladada a Chile para compensar su escasez por la guerra del Arauco, lo que ocasionó su despoblamiento[2] (Gascón, 2001). A partir de 1630 se incrementó la concesión de mercedes reales en las tierras “vacas” (Prieto, 2000; Gascón, ibid.) y los “malones” de parcialidades puelches y pehuenches estimularon los esfuerzos del gobierno colonial por detenerlos ante las demandas de los estancieros de la zona. Se creó así, una “frontera de amortiguación” consistente en la instalación de “indios amigos” o “aliados” entre los ríos Tunuyán y Diamante (Prieto, 2000, pp. 212-213). Durante esta etapa, la Compañía de Jesús se convirtió en la principal propietaria de tierras en el Valle de Uco con tres estancias que sumaban 36.000 cuadras (56.520 ha.) (Herrera de Flores, 1995, p. 75). La tercera etapa habría comenzado a mediados del siglo XVIII, cuando el valle consolidó su importancia como territorio ganadero. Según Sanjurjo (2004), recién hacia 1735 comenzaron a afianzarse las poblaciones en la campaña sur, con la creación de la Junta de Poblaciones y el inicio de la política de fundación de villas para reunir a los habitantes dispersos. Para Rustán (op cit.), no habría sido sino hasta fines del siglo XVIII, con la fundación de la villa de San Carlos (1772), que el núcleo de población comenzó a consolidarse, manteniendo un crecimiento moderado en los siguientes años. La fundación del fuerte de San Carlos en 1770 dio comienzo a la demarcación de la línea militar de la frontera sur mendocina.

 

Figura 1: Principales fuertes y parajes de la frontera mendocina entre fines del siglo XVIII y principios del XIX. Fuente: Elaborado por Andrés Rocha y Martina Manchado a través del programa QGIS.

 

La producción historiográfica se ha orientado a estudiar el proceso de conformación de la frontera mendocina relacionado con la política imperial (Margarita Gascón), local (María del Rosario Prieto) y virreinal rioplatense. Se destacan las actuaciones del gobernador intendente de Córdoba, Rafael de Sobre Monte (1783-1797) y del comandante de fronteras Francisco de Amigorena (1779-1799) (Roulet, 1999-2000, 2002; Tamagnini, 2013; Rustán, op cit). Sin embargo, aún no se ha indagado en profundidad en las relaciones sociales locales que llevaron a las fundaciones de los fuertes sureños mendocinos y de la villa de San Carlos en la década de 1770 y los intereses económicos de las élites que se encontraban detrás de esta política local. Este será el objetivo principal de nuestro trabajo.

La fundación del fuerte de San Carlos en 1770 dio comienzo a la demarcación de la línea militar de la frontera sur mendocina. Para ello creemos necesario diferenciar dos momentos históricos en la constitución de esta línea: el primero es la década de 1770 en la que predominó la actuación de una élite local a través del Cabildo; y un segundo momento, cuando Mendoza pasó a depender administrativamente de la Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán (1785). En este último se destacan las actuaciones de los funcionarios borbónicos Rafael de Sobre Monte y Francisco de Amigorena. Estos lograron consolidar la política de frontera de la Gobernación con el afianzamiento de la demarcación de la línea militar a través de la construcción de nuevos fuertes (Tamagnini, op cit.; Pérez Zavala y Tamagnini, 2012; Olmedo y Tamagnini, 2019), mediante políticas de poblamiento de la frontera (Punta, 2011; Pérez Zavala y Tamagnini, op cit; Rustán, op cit.) y con el recurso de una política diplomática efectiva (Tamagnini y Pérez Zavala, 2009; Roulet, 1999-2001, 2002).

 

Las reformas borbónicas y la constitución de los espacios fronterizos

La fundación del fuerte de San Carlos en 1770 se enmarca en un proceso histórico más amplio a nivel imperial y regional. Desde mediados del siglo XVIII aproximadamente las reformas aplicadas por los Borbones se orientaron, entre otros aspectos, a la configuración de territorios defensivos para resguardar dos espacios de conflicto: las áreas periféricas del Imperio, que se encontraban amenazadas por las pretensiones de potencias ultramarinas como Portugal y Gran Bretaña, y las áreas de contacto con los indígenas que aún se hallaban sin someter. La restructuración del aparato militar para hacer frente a estos conflictos derivó en una militarización del espacio y de la sociedad, tanto en las fronteras interimperiales como en las interétnicas (Olmedo y Tamagnini, op cit, pp. 40-44).

La frontera interior que atravesaba los territorios pampeanos y norpatagónicos ha recibido varias denominaciones, entre ellas “Frontera Sur” o “Frontera de Las Pampas”. Esta fue moldeada a través de la construcción de una cadena de fuertes y fortines que se extendían desde el océano Atlántico hasta la cordillera de Los Andes. Constituía una “línea militar que sirvió para demarcar la porción del territorio controlada por indígenas y cristianos” (Tamagnini y Pérez Zavala, 2010, p. 14). Esta línea de construcciones defensivas comenzaba en Chascomús (Buenos Aires), pasaba por Córdoba y San Luis y terminaba en el Valle de Uco. En territorio cordobés, el primer fuerte se levantó en el año 1752 en Punta del Sauce, también conocido como La Carlota. En la década del 70 se sumaron los de Santa Catalina (1778) y Asunción de Las Tunas (1779). Fue debido a la actuación del virrey del Río de La Plata, Juan José de Vértiz y Salcedo, que la defensa de la Frontera Sur se fortaleció con la construcción de varios fortines sobre la campaña bonaerense y santafesina en 1780. Posteriormente se sumaron a la línea primigenia cordobesa los fortines del Saladillo, San Fernando y Concepción del Río Cuarto. En el año 1784 Sobre Monte fue designado Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán, y llevó a cabo una política de frontera que consistió en sumar fuertes intermedios a los ya existentes y en la fundación de núcleos de población como la villa de Nuestra Señora de la Concepción en 1794 y la villa de La Carlota en 1797 en Córdoba (Tamagnini, op cit.), y también en la repoblación de la villa de San Carlos en Mendoza (que había sido fundada en 1772 y despoblada al poco tiempo) en 1788.

La política de fundación de fuertes respondió además a la importancia económica de los espacios de frontera, que en el caso del Valle de Uco radicaba en su condición de eslabón en el circuito del tráfico de mercancías desde el océano Atlántico hacia el Pacífico y a su carácter de espacio productivo para el engorde y el tráfico de ganado (Rustán, op cit-; Ots et al. 2015). Según Tamagnini (op cit.), la Frontera Sur de la Gobernación Intendencia de Córdoba vista en su totalidad, apuntó a la necesidad de resguardar esa ruta estratégica que conectaba Buenos Aires, Córdoba y Cuyo con Santiago de Chile a través del Camino de las Pampas[3]. Como se mencionó anteriormente, a la fundación de fuertes y fortines se sumó la preocupación de poblar las zonas de frontera mediante la creación de villas, pueblos o reunión de los habitantes dispersos en la campaña (Sanjurjo de Driollet, 2004, p. 26). Según Rustán (op cit.), es común que en el discurso historiográfico se entienda a la fundación de villas

 

como una decisión política de control del territorio […] en tanto estas se superpusieron a los fuertes y fortines preexistentes. Sin embargo, los factores estratégicos en esas fundaciones se combinaron con otros de orden económico y social y con las disputas de poder y de recursos entre la sociedad colonial y las distintas parcialidades indígenas (p. 56).

 

Weber (1998) advierte sobre la necesidad de atender a los imperativos de las periferias hispanoamericanas y a la influencia de las poblaciones locales en la implementación de las reformas borbónicas. Este autor señala que de la dialéctica surgida entre las imposiciones emanadas desde la metrópoli y las situaciones propiamente locales, las relaciones interétnicas asumieron nuevas modalidades (p.148). Los ideólogos del reformismo se dieron cuenta de que mediante el comercio era más fácil dominar a los indígenas no sometidos antes que hacerles la guerra. Pero a través de estudios más localizados se puede observar que las relaciones comerciales y las prácticas defensivas se gestionaron desde mucho antes de la implementación de las reformas y respondieron a dinámicas propias de las regiones más que a imposiciones emanadas desde el centro (ibid. p. 170). En la frontera bonaerense, más específicamente en Magdalena y Pergamino, ya desde mediados del siglo XVIII las autoridades locales, conscientes de la importancia de resguardar una zona comercial y productiva estratégica, instrumentaron medidas para la defensa mediante la creación de fuertes y compañías que los defendieran. En este proceso cobró importancia la acción conjunta de autoridades militares y milicianas locales que se articularon para asegurar la defensa de la frontera. Sus actuaciones precedieron a las reformas del virrey Vértiz en la década de 1780 y nos muestran un proceso histórico complejo de poblamiento y conflictos por el poder (Alemano y Carlón, 2009).

En el caso mendocino se puede rastrear una tradición comercial y de negociaciones con indígenas no sometidos desde aproximadamente fines del siglo XVII, con la instalación de  puelches chiquillanes en la cuenca del río Tunuyán. Los puelches vigilaron la frontera pero también lograron ventajas comerciales, ya que se encargaron del tráfico de la sal, un bien codiciado entre los hispanocriollos, que intercambiaron por trigo y otros bienes. Al parecer, este circuito fue de vital importancia y lo demuestra el hecho de que, cuando se desarticuló el asentamiento de indios amigos encargados de este comercio en el contexto del levantamiento general de 1769-70, los funcionarios locales se encargaron de que subsistiera[4].

En otras fronteras hispanoamericanas las élites resistieron la injerencia del Estado colonial. Así como sucedió en la frontera chilena con los araucanos (Weber, op cit. p. 165), en Nueva Vizcaya desde mediados del siglo XVIII los poderosos locales supieron exagerar discursivamente la gravedad de los ataques de los indios apaches para poder mantener sus privilegios y el status quo (Ortelli, 2005). En Mendoza, desde mediados del siglo XVIII las reformas[5] en el Cabildo incorporadas por José Perfecto de Salas en su calidad de fiscal de la Audiencia de Santiago favorecieron el encumbramiento político de tres familias: Sotomayor, Corvalán y Martínez de Rozas (Sanjurjo de Driollet, 2016a, pp. 44-45). Estas familias se emparentaron entre sí formando lazos y redes que les permitieron acaparar el poder político (a través del control de las elecciones del Cabildo) y el poder económico. Conformaban “la burguesía comercial, industrial y terrateniente”, poseían la tierra y eran dueños de carretas (Comadrán Ruiz, 2015, p. 34).

Estas reformas provocaron que las tres familias se apoderaran del Cabildo no sólo por el control de las elecciones, sino también por la capacidad de toma de decisiones y ejecución de obras públicas, gracias a la obtención de mayores rentas (Sanjurjo de Driollet, 2016b, p. 183). Esta situación generó roces entre los corregidores y el Cabildo durante casi medio siglo y favoreció la injerencia de esta élite en la conformación de la frontera mendocina. Destaca la figura de Juan Martínez de Rozas, encargado de llevar a cabo obras fronterizas importantes como la construcción de una capilla en el Valle de Uco en 1763 y el fuerte de San Carlos en 1770 (Sanjurjo de Driollet, 2016a, p.45).

 

El proceso de conformación de la frontera mendocina

Según Margarita Gascón, Mendoza deviene de periferia a frontera en el s. XVII como resultado de las necesidades defensivas del imperio español en la región de Chile (Gascón, 2001, 2007, 2009, 2011). Las exploraciones y campañas de Francis Drake en Magallanes y el levantamiento araucano de 1598-99 constituyen el contexto en que este espacio hasta entonces periférico, se incorpora en el “espacio imperial configurado para la defensa del Perú” (Gascón, 2011, p. 158) debido a la necesidad de recursos materiales y humanos para mantener a los ejércitos establecidos en los márgenes del Bío-Bío. Se produce lo que Gascón denomina “exportar la frontera” de la Araucanía, proceso por el que también pasan varias colonias periféricas trasandinas como Córdoba, San Luis y Buenos Aires, pero del que Mendoza se ve afectada en primer lugar debido a su temprana vinculación con Santiago de Chile (Gascón, 2007).

Como resultado de este proceso, Mendoza se articuló a la frontera militarizada de la Araucanía, primero como proveedora de mano de obra indígena (huarpe) y luego como abastecedora del ganado traído de las pampas que se engordaba en las estancias del Valle de Uco-Xaurúa y que se trasladaba a Santiago de Chile por el paso Portillo-Piuquenes. La presencia y circulación de ganado en las estancias del Valle de Uco ponía a este recurso peligrosamente cerca de las poblaciones indígenas y estimuló la transformación de este espacio en una frontera interétnica, lo que implicó su militarización en el siglo XVIII (Gascón, 2009).

En el siglo XVII, luego del frustrado intento de ataque a la ciudad de Mendoza por parte de una coalición de puelches, pehuenches y araucanos en 1658, se proyectó la construcción de un fuerte, iniciativa que no prosperó[6]. Posteriormente y luego de las incursiones de 1666-68, se decidió instalar “centinelas” para vigilar la frontera. El corregidor de ese momento los puso en el río Mendoza y luego de un Cabildo Abierto acordaron que era más conveniente ubicarlos en el valle de Xaurúa. Esta medida sí se llevó a cabo y los centinelas eran “indios” que se turnaban mes a mes, proporcionados por los encomenderos[7]. Con la instalación de los puelches chiquillanes en el valle de Xaurúa a partir de 1680, la frontera vivió unos años de “relativa calma”, lo que posibilitó la reinstalación de las estancias más sureñas y el repoblamiento de las mismas, recuperando la línea de frontera sobre el río Diamante, que había retrocedido hasta el río Tunuyán como consecuencia de las incursiones de 1666-68 (Prieto, 2000, pp. 221-224).

En la década de 1730 comienza un nuevo ciclo de correrías, de las cuales destacan el asalto a Corocorto por los indios pampas en 1730 y la “invasión” a la estancia del Cepillo en el Valle de Uco en 1734 (Chaca, 1964, p. 59). En el año 1744, en Santiago de Chile se fijaron las atribuciones de la nueva Junta de Poblaciones, “el más alto organismo responsable de la cuestión poblacional en el Reino de Chile”. Tenía como propósito fomentar el poblamiento de las campañas, agrupando a los pobladores en villas, pueblos o doctrinas (Sanjurjo de Driollet, 2017, p. 239). También es a partir de la década de 1740 que podemos observar una mayor insistencia por parte del Cabildo de Mendoza y de los propietarios de estancias en levantar un fuerte e instrumentar medidas que aseguraran las estancias del sur de las incursiones indígenas[8].

En 1755 la Junta de Poblaciones dispuso que se instalase una población en el Valle de Uco y que junto a ella se fundara un fuerte[9]. Hacia el año 1762 la política de poblamiento de la frontera pautada por la Junta de Poblaciones no había dado sus frutos. La recaudación del pago del ramo de arbitrios[10] no alcanzaba para costear la construcción de un fuerte y no se logró reunir suficientes pobladores en el valle. Es por esto que la Junta dispuso la construcción de la Iglesia Parroquial de Uco “en el comedio del Valle” para fomentar la población y para que las personas que habitaban en las estancias tuvieran auxilio espiritual. Allí debía residir el cura y una vez construido el fuerte y el poblado, la capilla y el cura deberían trasladarse a ese sitio[11].

 

La fundación del fuerte de San Carlos como decisión política de control de circuitos comerciales

Las circunstancias posteriores finalmente precipitaron una serie de acciones que terminaron con la fundación del fuerte de San Carlos en el paraje de La Isla en 1770. La Guerra de Arauco recrudeció entre los años 1765-1770 en Chile, provocando un levantamiento general de los aucas, pehuenches y huilliches. Este, a su vez, estimuló una serie de incursiones en las fronteras hacia el este de la cordillera, sobre todo en la provincia de Cuyo. Los protagonistas de estas correrías fueron los indios pehuenches que estaban asentados al sur de Mendoza (Solís, 1986, p. 89). Como consecuencia de este levantamiento, los “indios amigos” [12] de la frontera mendocina (puelches chiquillanes) se rebelaron, asaltaron los asentamientos hispanocriollos y se dispersaron hacia el sur y hacia el este del río Diamante (Roulet, op cit., pp. 200-202).

En 1769 llegaron a Mendoza informes sobre el mencionado levantamiento general. Además, se recibieron noticias de haberse visto a indígenas de tierra adentro merodeando en algunos puntos de la frontera, como Corocorto y los Papagayos o Cortaderas, “[…] todas señales que manifiestan el acometimiento de esta rebelión […]”[13]. Ante esta situación, el Corregidor Joseph del Risco y el Cabildo disponen que se reúnan 50 hombres armados para que formen un destacamento en el paraje de La Isla y realicen desde allí expediciones para mantener vigilada la frontera. Además, se comunica a la Capitanía General la urgente necesidad de construir un fuerte en el paraje de La Isla[14]. Dicho paraje, también denominado “Real de San Carlos” se encontraba al sur del río Tunuyán en el valle de Xaurúa, en la unión de los arroyos Aguanda y Yaucha, de allí su nombre. Se localizaba a unos 950 m snm en el sector pedemontano (Ots et al., 2020), y era una “posta de descanso de las tropas y caravanas que se dirigían hacia el sur” (Lagiglia, 2006, p. 94).

El sitio no era el más adecuado desde el punto de vista defensivo. En primer lugar, por estar alejado del camino que utilizaban los indígenas para asaltar las estancias, que se encontraba hacia el suroeste, en el sector cordillerano y pedemontano alto a 2500-1500 m. snm (Ots op cit.). Por otro lado, el emplazamiento del fuerte en este paraje dejaba desprotegidas las estancias que se encontraban entre La Isla y el río Diamante. Por último, el sector no contaba con materiales básicos para la construcción, como piedra o madera[15], por lo que el edificio fue construido de barro, tapia y adobes, un material poco propicio para este terreno fácilmente inundable, lo que provocaba derrumbes que obligaban a reconstruir el edificio continuamente (Chaca, op cit.; Ots op cit.).

Durante las sesiones realizadas a principios del año 1770, el Cabildo insistió en que el fuerte debía erigirse en el paraje de La Isla. Una relectura de las actas de ese año permite advertir una serie de desavenencias entre el Corregidor Joseph del Risco y los miembros del Cabildo. La Audiencia de Santiago les solicitó que, atendiendo a la gravedad de la situación que se estaba viviendo, se acordaran las soluciones pertinentes a pluralidad de votos, sin que la desunión entre ellos resultara un perjuicio para la causa[16]. El 5 de febrero el Cabildo, con el acuerdo de la Audiencia, resuelve levantar el fuerte en el Paraje de la Isla:

 

[…] seha determinado formar un fuerte en el Paraje nombrado La Isla frontera de esta Ciu.d y considerando lo que insta poner en practica tan importante obra en las circunstancias de hallarse esta Ciu.d amenazada de la Imbasion de los Indios Infieles, y aun empezado las hostilidades q.e son notorias con la muerte de algunos sujetos de las estancias, y extracción de sus Ganados, haviendo conferido la Materia y concordado uniformemente todos los votos y pareceres resolvieron q.e luego inmediatamente sepasse a construir dicho fuerte en el expresado Paraje de la Isla[17].

 

En esta misma sesión se nombra como Director Superintendente de la obra al Maestre de Campo Dn. Juan Martínez de Rosas, jefe de una de las tres familias de las “casas reinantes” (Comadrán Ruiz, 2015). Martínez de Rosas era propietario de las estancias de Tupungato (al norte del río Tunuyán en el Valle de Uco) que habían pertenecido a la Compañía de Jesús[18].

El 6 de febrero se reúne el Cabildo en sesión extraordinaria para tratar sobre los informes recibidos del Maestre de Campo Dn. Agustín González, Comandante de las Milicias que se habían remitido a las fronteras en diciembre de 1769 para vigilar y contener las incursiones indígenas. En este informe se les anoticia a los capitulares que los indígenas que habían asaltado algunas estancias se habían dispersado al sur del río Diamante. Es por esto que se decide retirar a las milicias que estaban esperando la resolución del Cabildo “estando en estacamiento” en el paraje de la Isla, por resultar muy costosa su manutención y porque los vecinos que las componían no podían atender sus cultivos. Ante esta situación “de hallarse sosegado el campo”, el Corregidor del Risco consideró que la construcción de un fuerte ya no revestía el carácter de urgente por lo que propuso suspenderla. Al mismo tiempo informó a los miembros de la Real Audiencia sobre la conveniencia de levantar el fuerte en un sitio más al sur, en el paraje de los Papagayos[19] (Ver Fig. 1) y sostuvo que remitiría un mapa realizado por sujetos prácticos de dicho paraje[20].

Finalmente, los miembros del Cabildo insistieron en mantener el acuerdo del 5 de febrero, y consideraron conveniente que se construyera el fuerte sin pérdida de tiempo[21]. En el mes de agosto de 1770 este ya se encuentra instalado y en una sesión del Cabildo, ese mismo mes, el Gobernador de Armas propuso “[…] que era de suparecer el construir un fuerte abansado al de S.n Carlos en el paraje donde se conceptuare mas conbeniente para maior seguridad deesta Ciu.d y su Jurisdicción”[22]. Al año siguiente, en un interesante petitorio de un grupo de vecinos de la ciudad de Mendoza, se solicita también que se levante un fuerte a la vanguardia del de San Carlos:

 

Los vesinos de est Ciudad q.e avaxo hiremos firmados paresemos ante V.S. y desimos q.e haviendose destinado el rramo de advitrios de q.e somos tributarios mas ade nueve años para la fundacion de un fuerte en las fronteras de las estancias, para el seguro de ellas y de sus asiendas, parese devia proporsionarse este en paraxe ventaxoso q.e las resguardase; pero allandonos con notisia haverse dado providencia por V.S para q.e dho fuerte se perfeccione en el paraxe nombrado la Ysla paese q.e este nunca puede servir de rresguardo a las asiendas q.e pastean dies leguas mas adelante; con que no asegurando dhos paraxes parese q.e solo severificara q.e las estancias y asiendas guarden al fuerte, y no el fuerte a ellas como se ve en las Ciudades de B.s A.s, S.n Luis y demas fronterisas q.e sus fortalesas estan avansadas de las Estancias y asiendas, por lo q.e se ade servir V.S. rrefleccionando la materia traer aun acuerdo avierto la Jente practica q.e con inteligencia de este pedimiento, y de los paraxes proporcionados en la frontera expongan el mas comodo para la construccion de dho fuerte q.e sirba de rresguardo a las Estancias y Asiendas sin q.e sea tan rretirado q.e quede expuesto al desamparo, y nosotros sin el socorro del enemigo q.e lo nesesitamos[23].

 

En 1777, Francisco de Serra y Canals elevó al gobierno de Buenos Aires un largo informe acerca del establecimiento de líneas de defensa contra las incursiones indígenas. Al respecto del fuerte de San Carlos hizo notar sus deficiencias e ineficacias para cumplir con su cometido y expuso la iniciativa de aprovechar la defensa del río Diamante para construir un fuerte (Lagiglia, op cit., p. 95). Al año siguiente, Serra y Canals envió una representación al virrey del Río de La Plata, Don Pedro de Cevallos, acusando al encargado de la construcción del fuerte de San Carlos, Dn. Juan Martínez de Rosas, de gastar dinero público en una obra mal ejecutada y emplazada, con el objetivo de resguardar y dar valor a la estancia que tenía en el sitio donde se levantó el fuerte y que, por lo tanto, no podía cumplir con el objetivo de defender del ataque enemigo el camino de ingreso al Valle de Uco y a la ciudad de Mendoza (Comadrán Ruiz, op cit., p. 39).

En el año 1772, atendiendo a las demandas de construir un fuerte de avanzada, se fundó el de San Juan de Nepomuceno, a unos 60 kilómetros al sur de el de San Carlos. A pesar de que todo indicaba que su posición pudo ser estratégica para atender a los objetivos de protección y defensa, hacia 1774 este fuerte dejó de funcionar[24].

En un mapa que se encuentra en el Archivo Nacional de Chile (ver Fig. 2)[25] se puede observar que La Isla se situaba en una encrucijada de caminos: el que conducía a las Salinas –en territorio indígena-, otro que seguía el curso del río Tunuyán hacia el norte y llegaba hasta el paraje de Reducción[26] y también junto al que conducía desde el Valle de Uco hacia la ciudad de Mendoza y conectaba con el Camino Real hacia el este. En este proceso, la fundación del fuerte de San Carlos al borde de estos caminos, se interpreta como una decisión política de control del territorio con fines estratégicos orientada, más que a la defensa, al aseguramiento de circuitos comerciales locales.

 

 

Figura 2: Extracto del mapa “Región de los valles de Uco y Jaurúa, entre los ríos Diamantes y Mendoza, Cuyo” Argentina, Mendoza [s.n.] 1754, Fondo Real Audiencia. Archivo Nacional de Chile. Referencias: 1-Paraje de La Isla; 2- “Camino de Las Salinas”; 3- “Camino de Mendoza al Valle”; 4- Camino que bordea el Tunuyán hasta el paraje de Reducción.

 

 

Los indígenas no sometidos del Sur y su participación en los circuitos comerciales

Hacia mediados del s. XVIII los indígenas no sometidos que se encontraban al sur y al este de los valles de Uco y Xaurúa se podían dividir en tres grandes grupos: puelches o pampas; pehuenches; y huilliches, ranqueles o pampas (Roulet, 2002, p. 67). Nos enfocaremos en los dos primeros grupos, que son quienes mantuvieron relaciones comerciales más profundas y rastreables con los hispanocriollos. El primer grupo se encontraba entre los ríos Diamante al norte, Barrancas-Colorado al sur y Desaguadero al este. Sufrió las presiones territoriales de los pehuenches que los fueron desplazando de sus territorios y posteriormente la influencia de los hispanocriollos que lograron en el siglo XVII encomendar algunas de sus parcialidades y llegar a acordar las paces con la parcialidad de Chiquillán en el año 1680. Este importante núcleo de puelches chiquillanes permaneció en el valle de Xaurúa (de manera intermitente) hasta el año 1769, ya que en ocasión de la Gran Sublevación se rebelaron y se dispersaron hacia el este, mezclándose con los ranqueles del Mamil Mapu (ibid. p. 68-69).

Los pehuenches habitaron a ambos lados de la cordillera entre los 36° y 39° grados de latitud sur. Este territorio, conocido por sus bosques de araucarias, era estratégico ya que albergaba once pasos cordilleranos que unían ambas regiones. Se dedicaban a la caza de guanacos y de ñandúes y diversificaron sus actividades con los bienes introducidos por los europeos, especializándose en el pastoreo, la manufactura de ponchos de lana y el comercio con varias ciudades fronterizas de Chile. Disputaron con los puelches el acceso a la recolección de sal, yeso y brea en los yacimientos de la parte oriental de la Cordillera y su venta a los hispanocriollos. A mediados del S.XVIII un grupo de pehuenches migró desde los bosques de araucarias hacia el norte del río Neuquén y se asentó en los valles de Malargüe. Hacia 1780 su cacique principal era Ancán Amún. Otro núcleo importante de pehuenches permaneció en las inmediaciones del Neuquén y sus ríos afluentes (Varvaco y Reñileuvú) (ibid. pp. 69-70). Alioto y Jiménez (2010) en un intento por desmontar el supuesto de la dependencia indígena de bienes europeos, reconstruyeron la dinámica comercial que se dio entre los pehuenches instalados en la zona de Malargüe y las ciudades chilenas de Concepción y Penco y postulan más bien una interdependencia en el intercambio de bienes. En el caso de este grupo, al abandonar el hábitat donde podían conseguir piñones, debieron buscar un reemplazo para esos nutrientes y lo encontraron en el trigo que les vendían los hispanocriollos. A cambio, comerciaban la sal, que era demandada por los habitantes de las ciudades antes citadas porque, además de ser vital para conservar alimentos, la extraída en las zonas cordilleranas era de mucha mejor calidad que la que los hispanocriollos adquirían en Perú.

Ambos grupos (puelches y pehuenches) controlaron un territorio que resultaba estratégico para los hispanocriollos, ya que era rico en yacimientos de sal, yeso y brea. Los puelches chiquillanes que pactaron las paces con las autoridades coloniales a fines del siglo XVII y se asentaron en el valle de Xaurúa, se encargaron de comerciar la sal que extraían de las salinas cordilleranas y que intercambiaron con los hispanocriollos por otros frutos y alimentos[27]. Sus funciones consistieron en vigilar la frontera, pero además tenían el monopolio del abasto de sal hacia la ciudad de Mendoza (Roulet, 2013, p 82). La sal era codiciada especialmente por los estancieros del Valle de Uco para conservar los derivados de la actividad pecuaria, como las carnes saladas y cueros (Alioto y Jiménez, 2010, p. 18).

Hacia mediados del S. XVIII podemos afirmar que tanto los puelches de la “frontera de amortiguación” como los pehuenches mantenían relaciones comerciales asiduas con los hispanocriollos de Mendoza. Hacia 1760, el Maestre de Campo y Capitán de Fronteras, Dn. Manuel de Alvarado, sostuvo que:

 

[…] apedimento delos casiques Peguenches, y lo demás dedusido, Paresco ante VS en devida forma de dro y digo; que haviendome reuido de dho empleo con el penoso cargo de selar dha frontera, y de mantener en pas y quietud a dhos casiques, con la continuna contribucion de darles cada ves que bienen todo fomento; I muchas beses el Bastimento necesario, todo a fin de mantenerlos en gratitud; […] protesto en este Ill.tre aiuntam.to El grave perjuisio y malas conductas que Inmediatam.te se originaban ppor los continuos comercios enque algunos sehan dedicado, traficando tierras adentro, llebandoles cargas de Bino; Un ministerio sumam.te perjudisial y Proibido […][28].

 

Como consecuencia del levantamiento general de aucas, pehuenches y hulliches (referenciado en el apartado anterior), este circuito comercial se desestructuró. Es en este contexto en el que inscribimos las decisiones políticas tomadas con el fin de construir un fuerte en la frontera y también una serie de medidas para asegurar que ese comercio subsistiera. Por ejemplo, en el año 1772, se convocó a un Cabildo Abierto para que tratara sobre tres proposiciones para el adelantamiento de la población de la recientemente fundada villa de San Carlos. La primera de ellas se refirió a que se autorizara sólo a los pobladores de San Carlos a “[…] conducir la Sal para aquella nueva villa, y para esa Ciudad, de las Salinas que se hallan al Sur del Diamante 20 leguas mas o menos, sin perjuicio de la que quisieren comerciar los fronterizos Pampas en tiempos de Paz […]”[29].

Las autoridades locales reforzaron la regulación de estas relaciones comerciales prohibiendo en 1783 la entrada de hispanocriollos a territorios indígenas[30] sin autorización previa. Para poder extraer sal, yeso y brea, debían contar con un pasaporte y presentarlo en la frontera[31]. En 1802 Juan Morel en una carta dirigida a Comandante de Armas Faustino Anzay sostuvo que desde el año 1788 hasta 1802 fue él quien se encargó de controlar y otorgar licencia a todos los arrieros que fueron a sacar sal a las salinas del Diamante “en tierras de los indios infieles” (Chaca, op cit., p. 518).

Con la actuación de Amigorena, quien logró firmar la paz con los pehuenches malargüinos en la década de 1780, se reanudaron las relaciones comerciales[32]. Según Villar y Jiménez (2000) en la derrota final del cacique ranquel Llanketruz en 1788, tuvo una vital incidencia la firmeza con la que, a partir de los años 1783-84 se afianzó la alianza entre los pehuenches y la administración colonial, “preocupada ante todo por el mantenimiento de los circuitos regionales de comercio, la provisión de sal -un insumo crítico que aquellos aliados abastecían- y la seguridad de Cuyo […]” (p. 707).

La localización del fuerte de San Carlos en el paraje de La Isla conectaba con los pasos cordilleranos, sobre todo el de Portillo-Piuquenes[33] (ver Fig. 1), que en ese momento era utilizado por indígenas e hispanocriollos para el comercio ilegal de ganado y otros efectos (Palomeque, op cit., pp. 272-274). La utilización de este paso para el comercio con Chile se remontaba hacia mediados del siglo XVII (Espejo, 1954, p. 188) cuando el ganado traído de las pampas comenzó a introducirse por la ruta que seguía el curso del río Tunuyán (por el ya mencionado Camino de las Pampas). Esta ruta era más corta y más barata que la abierta por Sotomayor, ya que permitía evadir la aduana de Córdoba (Gascón, 2000, p. 435). En el año 1773 se nombraron dos guardas para vigilar el tráfico por el paso de Portillo-Piuquenes (Espejo, 1954, pp. 707-708).

Valenzuela Márquez (2007), se ocupó de analizar la circulación de personas y de bienes en el espacio cordillerano a través de los pasos que conectaban el Valle de Uco y otras regiones del sur con Chile a fines del siglo XVIII, demostrando la intensidad y regularidad del comercio y los múltiples contactos entre la sociedad indígena pehuenche y la hispanocriolla, que se escapaban del control colonial. Estos tráficos mercantiles que se daban por el paso de Portillo-Piuquenes y en la ruta que conectaba la ciudad de Mendoza con el Valle de Uco y las tolderías del sur, reconocían una larga duración histórica. La visibilización y estabilización de los mismos a través del control fiscal aplicado sobre ellos por el gobierno republicano mendocino sobre todo a partir de 1820, habría influido, de hecho, en la configuración político-institucional del Valle de Uco durante el siglo XIX (Molina, 2017).

 

Consideraciones finales

Las élites del Cabildo que actuaron en la década de 1770 se esforzaron por levantar un fuerte que protegiera circuitos comerciales: el Camino de las Pampas por el que ingresaban las caravanas comerciales al Valle de Uco y posteriormente cruzaban hacia Chile por el paso de Portillo Piuquenes, y el camino que conducía hacia el territorio indígena del sur. Los indígenas que hasta el levantamiento de 1769-70 habían actuado como “indios amigos” eran quienes se encargaban de comerciar la sal que extraían de la salinas del Diamante, que era conducida hasta la ciudad de Mendoza e intercambiada por otros bienes y alimentos. Cuando se desarticuló ese asentamiento persistió la preocupación de las autoridades por asegurar ese abasto, permitiendo que los pobladores de la villa de San Carlos se ocuparan de él. Posteriormente, luego de los acuerdos pacíficos logrados por Amigorena con los pehuenches en la década de 1780, se reanudaron las relaciones comerciales con los indígenas. Por otro lado, la utilización del paso de Portillo Piuquenes para el arreo hasta Chile del ganado que se engordaba en las estancias del Valle de Uco reconocía una larga duración histórica.

Los datos expuestos hasta ahora contribuyen a problematizar la fundación y la ubicación del fuerte de San Carlos desde una escala de observación local. Al mismo tiempo, la reconstrucción de los procesos históricos que precedieron a las actuaciones de los funcionarios borbónicos como Amigorena y Sobre Monte nos permiten afirmar que, en la conformación de la frontera mendocina, las relaciones comerciales y pacíficas con los indígenas ya ocupaban un rol central y vital y eran gestionadas por las autoridades coloniales desde al menos un siglo antes. En este sentido, ha sido útil la profundización del análisis de las relaciones sociales y económicas locales para comprender la influencia que tuvieron en la implementación de las políticas fronterizas de fines del siglo XVIII.

La verificación de la profundidad histórica de las relaciones comerciales y la decisión de ubicar un fuerte en el nodo de los circuitos por los que se desenvolvían, nos permite relativizar, además, la importancia que la historiografía local le ha dado a las incursiones de los indígenas para el robo de ganado que pastaba en las estancias sureñas de Mendoza. Al menos en las decisiones políticas, podemos afirmar que primó más la necesidad de estabilizar y visibilizar las rutas comerciales interétnicas que la necesidad de proteger las estancias y el ganado.

Si ampliamos la escala de observación, la fundación del fuerte de San Carlos en función de estos circuitos comerciales y su posterior consolidación en el período tardocolonial se realizó en consonancia con el planteo de Tamagnini (2013), quien sostiene que la Frontera Sur de la Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán vista en su totalidad estuvo configurada para resguardar la ruta estratégica que conectaba Buenos Aires, Córdoba y Cuyo con Santiago de Chile a través del Camino de las Pampas[34].

 

Agradecimientos

A Andrés Rocha por su colaboración en la elaboración del mapa y a los evaluadores y editores por sus valiosos comentarios que ayudaron a mejorar la versión final de este trabajo. Esta investigación se realiza dentro de un proyecto financiado por la Secretaría de Internacionales, Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, (Cod. 06G50-T1).

 

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Notas