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Debates de entre – tiempos. Los sentidos de los años setenta: entre la historia, la memoria y la política

Alicia Servetto - Centro de Estudios Avanzados (CEA), Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y Facultad de Ciencias de la Cmunicación (FCC), Universidad Nacional de Córdoba (UNC) - aliciaservetto@gmail.com

Recibido: 26/10/18 Aceptado: 15/12/18

Resumen. El presente artículo pretende problematizar los debates, tensiones y disputas en torno a algunos de los sentidos que asumen en la actualidad los procesos y acontecimientos del pasado reciente en Argentina. Esta contribución constituyó la base de la conferencia inaugural de las VII Jornadas Científicas del Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Palabras clave

Pasado reciente

Debates y problemas

Historia Política

Abstract. This article tries to problematize the debates, tensions and disputes around some of the senses that currently assume the processes and events of the recent past in Argentina. This contribution formed the basis of the inaugural conference of the VII Scientific Conference of the Department of History, Faculty of Human Sciences of the National University of Río Cuarto.

Key words

Recent past

Debates and problems

Political History

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Hace unos meses atrás, el presidente de la Argentina Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Ministro de Defensa, Oscar Aguad firmaron el decreto 683/2018 por medio del cual se modificaron las leyes de Defensa Nacional (1987) y la de Seguridad Interna (1991), permitiendo el accionar de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Basada en las “nuevas amenazas”, la doctrina del partido de gobierno –Cambiemos- modificó el artículo principal para permitir que las tropas militares sean empleadas “ante cualquier otra forma de agresión externa”, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

La reacción no se hizo esperar. A través de las redes y de comunicados de diferentes organismos de DDHH, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales y políticas, etc, marchas y movilizaciones numerosas, la decisión gubernamental fue repudiada y su significado fue leído como un regreso, una “vuelta”:

• Esta decisión implica la vuelta de las Fuerzas Armadas.
• Ya lo vivimos durante el Terrorismo de Estado, cuando todo el que pensaba distinto era perseguido, muerto y desaparecido.
• Las Fuerzas Armadas en las calles, Nunca más.

Acaso estas expresiones no evocan a ese pasado cercano? y entonces la pregunta ¿Por qué vuelven los 70? Pero sobre todo, ¿cómo vuelven? ¿Cómo se activan esos años en la memoria colectiva marcados por la utopía revolucionaria y la barbarie dictatorial?

De allí que pensé esta presentación con el título Debates de entre – tiempos. Los sentidos de los años setenta: entre la historia, la memoria y la política. Precisamente porque lo que quiero compartir con ustedes es el debate y la disputa por interpretar ese pasado no muy lejano que reiteradamente se nos vuelve presente, que sigue presente. Me refiero a ese pasado trágico que permanece presente en las discusiones políticas, en las memorias colectivas y en la historia y sigue alimentando debates que hacen aparecer líneas de fractura muy netas en el seno de la sociedad en donde memorias divididas y antagónicas continúan enfrentándose.

Se trata de un pasado que es revisado, reinterpretado, resignificado, es un tiempo abierto, porque lo está en juego son los sentidos que ese pasado tiene en el presente y también los sentidos que ese pasado tuvo y tiene para los actores que en ese momento histórico estuvieron involucrados.

¿Cómo entender las reacciones al fallo de la Corte que abrió el camino al 2x1 para procesados por delitos de lesa humanidad? O por qué volver a poner en debate el juzgamiento de los militares? Al respecto, cabe recordar, que un par de horas después de que Mauricio Macri ganara en ballotage, el matutino La Nación tituló su editorial del 23 de noviembre de 2015, “No más venganza”. “La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los DDHH”. En ese texto, le decía al flamante gobierno que debía atender a dos frentes: las condiciones de reclusión de los procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad y la situación de los magistrados que actuaron durante la última dictadura (1976-1983), que según el diario de Bartolomé Mitre habían sufrido la persecución durante la administración kirchnerista (2003-2015).La justificación reposaba en la ya conocida teoría de los dos demonios (Cfr.: Beroia, 2016).

Ciertamente, la Argentina del presente está atravesada por la historia de lo sucedido en los años setenta. Y su interpretación forma parte de una disputa en el espacio público en la que se entrecruzan ejercicios de análisis histórico, posiciones políticas y relatos de memoria/s

Cómo explicar esta obstinada presencia, para recuperar una pregunta que se hacía el historiador francés Bruno Groppo? “En el caso de la Argentina, es sobre todo la memoria dolorosa de la última dictadura y de sus crímenes la que se encuentra en el centro de atención. En efecto, a pesar de los intentos del poder político por imponer el olvido (empezando por las leyes de amnistía conocidas bajo el nombre de “Punto final” y “Obediencia debida”) y del deseo de una parte de la sociedad de dar vuelta la página definitivamente, el olvido

se reveló imposible” (Groppo, 2001). O en términos de Gabriela Fried, “las memorias que insisten”, es decir: “las memorias traumáticas de las desapariciones generan una poderosa motivación interna para la insistencia del recuerdo que persiste a través del tiempo con extraordinaria resistencia a los intentos institucionales y políticos de borramiento y olvido” (Fried, 2001).

Que es lo que resiste? Por qué vuelven? Coincido con Bruno Groppo cuando plantea que, entre los problemas heredados de las dictaduras, el más dramático es, sin duda, el de los desaparecidos que afecta a decenas de miles de personas de las que se ignoran las circunstancias de su muerte y de su eventual lugar de sepultura. Otro problema que permanece abierto son los niños nacidos en cautiverio o secuestrados al mismo tiempo que sus padres y que fueron apropiados por las fuerzas de la represión. La suerte de la mayoría de esos niños (hoy adultos de entre 40 y 45 años) se desconoce (Groppo, 2001).

Explicar esta tragedia, lo que sucedió en esos años, se transformó en un compromiso político y ético, no sólo para evitar el olvido, la naturalización de lo sucedido, o la invisibilización de determinados procesos, sino también porque resulta una tarea imperiosa construir un relato histórico distinto al oficial que dispute y que explique, desde otros lugares, desde otra construcción discursiva, lo sucedido. Y con esto, no estoy refiriéndome solamente al relato histórico que ensalzaron las FFAA para autojustificarse, sino también a la misma historia oficial que hegemonizó el discurso político y académico durante bien entrado los años de democracia basada en la teoría de los dos demonios y en la consigna de la reconciliación. Esta tarea exigió –y exige-, por parte de los historiadores, rastrear las huellas de una trama capaz de poner en tensión varias afirmaciones generalizadas.

Sólo para enumerar algunas de ellas:

a) que el terrorismo de estado no comenzó el 24/3/1976, sino que, durante los años previos, se fueron sedimentado los dispositivos y argumentos que legitimaron el espiral de la violencia política y la implantación de la dictadura militar. En esta línea de trabajo, existen una producción historiográfica abundante que refiere al período del tercer gobierno peronista, focalizando el estudio en las prácticas estatales represivas, en la legitimación de determinadas prácticas institucionales que fueron poniendo en crisis el orden constitucional –al respecto tómese en cuenta el papel de las intervenciones federales a las provincias, el golpe policial de marzo de 1974 en Córdoba conocido como el navarrazo, las sucesivas intervenciones a los sindicatos y la censura a la prensa; el avance de la violencia paraestatal financiada y alentada desde el propio gobierno como el caso de la triple A, pero también el Comando de Libertadores de América vinculado al III Cuerpo de Ejército, el Comando Nacionalista del Norte en Tucumán bajo el control del Comando de la Brigada V de Infantería o el Comando Moralizador Pío XII y el Comando Anticomunista de Mendoza, a lo que se agregaba también la actuación de las patotas sindicales y la de las organizaciones guerrilleras. En su conjunto fueron generando un espiral de violencia y represión que caracterizó todo el período. La política represiva se desplegó a través de diferentes mecanismos y dispositivos que pusieron en marcha un complejo y perverso andamiaje institucional y no institucional, legal e ilegal, para reprimir, perseguir, prohibir o eliminar a los sectores disidentes, disruptivos y opositores al gobierno. En esta dirección, se definieron líneas de acción que se caracterizaron por la sanción de leyes y decretos que restringían y/o prohibían una amplia gama de actividades consideradas subversivas, tales como la Ley de Seguridad Nacional, el decreto del Estado de Sitio, prohibiciones y sanciones a periódicos y revistas opositoras al gobierno nacional. A ello se sumaron detenciones sin juicio, torturas sistemáticas, habilitación del poder militar en el escenario político, desaparición de personas y la existencia de campos de concentración meses antes del Golpe de Estado llevado a cabo por las fuerzas militares en marzo de 1976;

b) que la dictadura fue posible gracias a la complicidad civil, que incluyó a los partidos políticos, la Iglesia, la prensa, empresarios, jueces y aparato judicial en su conjunto. Cada vez más son los estudios que avanzan en esta línea que dan cuenta de la intrincada relación que existía entre las actividades y los intereses del Estado y de ciertos sectores de la economía, develando una trama que implicó, al menos en su faz más visible, una serie de intercambios y beneficios mutuos, pero sobre los que pueden distinguirse el consenso interno de la lucha contra la “subversión” sustentada en la Doctrina de Seguridad Nacional. Este consenso antisubversivo incluía la aceptación de los métodos excepcionales que debían ser empleados para ganar la “guerra”. En palabras de Paula Canelo: “La naturaleza de estos actos de servicio requería que sus ejecutores se ataran a un pacto de sangre, cuyo cumplimiento fue facilitado por las solidaridades extremas que atravesaban a las Fuerzas Armadas, propias de una profesión que desarrolla tareas de vida o muerte.” Este pacto de sangre era incompatible con cualquier revisión de lo actuado y con cualquier tipo de cálculo político o consideración moral, individual o institucional (Canelo, 2016).

c) que el proyecto de la dictadura instaurada en 1976 abarcó objetivos más amplios que la sola exterminación del “elemento subversivo”; significó, en términos de Perry Anderson, el fin de la inflexión populista, esto es, la necesidad de terminar con una determinada matriz de desarrollo económico, industrialista y mercado internista (Anderson, 1988). Concretamente se pretendía transformar las bases económicas y sociales del Estado para re-fundar o re-construir el pacto de dominación capitalista sobre las bases de un nuevo orden político, social y económico. Este objetivo sólo era factible a partir del desmontaje del estado céntrico, esto es, desmovilizar y disciplinar el comportamiento de los actores sociales y económicos “indisciplinados”. De allí que podamos entender la apuesta que hizo el gran capital nacional y extranjero a favor del derrumbe institucional como condición necesaria para el desarrollo del nuevo patrón de acumulación.

d) que la represión llevada adelante por la dictadura militar estuvo planificada, montada sobre una estructura administrativa que puso en marcha, en términos de Pilar Calveiro, un poder desaparecedor (Calveiro, 1998). El ejercicio de una violencia represiva sin precedentes hasta el momento se constituyó, desde sus inicios, en una de las principales estrategias de control y disciplinamiento dirigidas hacia la sociedad. Pero las fuerzas de seguridad no ejercieron la violencia física (es decir, el asesinato, la desaparición de personas seguida de muerte, el secuestro, la persecución, el encarcelamiento, la tortura) sobre la sociedad toda sino sobre quienes fueron tipificados como enemigos reales o potenciales. En tal sentido, la represión fue selectiva, en tanto se orientó y dirigió contra ciertos individuos, grupos y organizaciones.

e) que la identidad de las víctimas del terrorismo de estado, invisibilizadas bajo el calificativo estigmatizante de “subversivo” “terrorista” o como NN, se moldeaba en la militancia política de los años 70, y en su participación en la lucha armada y en las organizaciones revolucionarias (Cfr.: Tcach, 2014 y Calveiro, 1998). Desde los años 90 y ante las políticas oficiales de olvido, el horizonte de la memoria ya no era solo el de los derechos, sino el de las luchas políticas, el de la continuidad de una identidad militante, una rememoración de la lucha revolucionaria de los que ya no estaban.

f) que el concepto de “violencia política” se utilizó con prejuico y de forma descalificadora para referenciar el proceso político vivido en las décadas de 1950, 1960 y 1970 en varios países de Latinoamérica. Se trata de un concepto que pareciera explicar por sí mismo, y que se lo vincula prácticamente con las experiencias de las organizaciones y movimientos revolucionarios de esos años que apelaron a violencia y optaron por la lucha armada como recurso para la transformación social. En la discusión intelectual, en la producción académica y hasta en los mismos discursos políticos, el concepto de violencia política, en tanto categoría explicativa, comenzó a circular y a ser usado fundamentalmente en los años ochenta, precisamente para caracterizar el período previo a la instauración de los regímenes democráticos en la región. Aunque ya desde los años sesenta existía una crítica de la violencia, fue con el retorno a la democracia que la violencia política comenzó a ser planteada como un impedimento para la reconstrucción de las instituciones democráticas. De esta forma, la violencia de las organizaciones guerrilleras fue contrapuesta a la vía pacífica de las democracias liberales. De acuerdo con Inés Nercesian y Lorena Soler (2012), uno de los sentidos más difundidos durante las transiciones democráticas fue la idea que relacionaba “la violencia de las organizaciones armadas” con “el quiebre de la democracia liberal”. En los estudios académicos, predominó la perspectiva que consideraba a la violencia como la clave para la interpretación del pasado reciente, asociando la causa de los golpes de Estado a la actuación y comportamiento de grupos y organizaciones “desleales” que impugnaban al régimen democrático. Así, por lo general, la lucha armada y las dictaduras militares fueron estudiadas como pares que se explicaban mutuamente, a partir de análisis centrados en la dimensión política.

Cada una de estas claves historiográficas implica pensar en múltiples temporalidades o múltiples cronologías, en tanto los estudios de la represión dictatorial y de la implantación del terrorismo de Estado tienen efectos que continúan marcando ritmos e intensidades en la discusión política, cultural, académica y social del presente. Por eso mismo no se trata de explicar lo que pasó sólo como una sucesión de hechos cronológicos encadenados en una línea de tiempo continua, pensada en forma ordenada. Implica moverse y analizar las distintas temporalidades, en distintos pasados y en distintos presentes: implica mirar con una lente panóptica determinados hechos y como esos hechos son puestos en palabras, o son resignificados por la vivencia de los actores involucrados en el presente. Julio Aróstegui (2001) sostenía que la historia del tiempo presente no se refiere a un período determinado, en tanto, las diversas cronologías se van construyendo en función de los individuos que la hacen, que la escriben y que la asumen:

“A diferencia de la historia escrita clásica, no es la reconstrucción y explicación de la vida social de una determinada época hecha por los hombres desde el futuro de esa época misma (…), es Historia-Presente, es decir, la experiencia vital misma analizada como historia (…).

Es una forma de análisis de cada sociedad en marcha, en proceso fluente desde la perspectiva de quienes la viven, (…), es una categoría de lo histórico y de lo social (…).

No se inscribe solamente en la espuma de la actualidad, sino que se inscribe en las profundidades y espesores del tiempo histórico.

Por eso, se trata de un debate de entre-tiempos a través del cual, cada una de las claves invita a analizar la Historia Reciente en múltiples temporalidades, también requiere historizar los conceptos y prestar atención al prisma por cuyo intermedio se estudian los fenómenos, en un momento en que predominan las visiones dicotómicas y binarias. Es decir, la Historia Reciente debe resignificar, quizás casi como un ejercicio permanente y sostenido, los términos, los conceptos con los cuáles son “nombrados”, cosificados, calificados o clasificados los hechos, los procesos y los acontecimientos. Historizarlos es parte de las trabajo de un historiador, pero es mayor el compromiso si esos términos tienen efectos y continúan marcando sentidos e intensidades en la discusión política, cultural, académica y social del presente. Por ejemplo, y a modo ilustrativo: cuál es el significado de los años ٧٠? De hecho, son analizados tanto como la época de la violencia política, la represión y el terrorismo de Estado, como los años de lucha por la transformación, la militancia juvenil y la utopía revolucionaria. Conceptos como el de “guerra sucia”, “subversivos”, “organizaciones terroristas”, “terrorismo”, “zurdos”, “izquierdistas”, son palabras con significados estigmatizantes que han tenido efectos residuales en la sociedad y que es necesario historizar tanto el sentido de su uso como el de su contenido. Como propone Pierre Bourdieu (2000), “cualquier investigación debe realizar una genealogía sociohistórica de los diferentes campos semánticos de los cuales se toma, en cada momento, cada término. Eso equivale a decir que hace falta reparar en los campos sociales donde los conceptos son producidos, circulan y son utilizados”.

Si recién estuvimos repasando las claves del debate de la producción sobre los años setenta, cabe agregar que sobre estos años, pensados en su temporalidad larga, ha crecido en su producción y como campo de investigación, fundamentalmente a partir de los estudios de casos y de historias locales, y ello ha permitido complejizar los marcos de historia general o de la llamada historia nacional. Se ha nutrido del diálogo con las historia locales. No implica ello decir que la investigación histórica de otros períodos históricos no recuperen esa relación entre los estudios macro y micro, sino que al amparo del proceso socio-histórico y político vivido en las dos últimas décadas y la apertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, provocaron una especial indagación en los escenarios provinciales y locales sobre el pasado más cercano. Los resultados de estas investigaciones han permitido desandar la rígida dualidad nacional/local, ya que debajo de esa dicotomía unidireccional, es posible visibilizar una infinidad de modalidades históricas del pasado reciente que aún restan conocerse a través de estudios empíricos. Se trata de una complejidad articulada, en trama, en red, que si bien no son espejos, tampoco son epifenómenos, no son proyecciones, tampoco son localismos, son tramas reticulares conectadas que conforman una determinada configuración sociohistórica integral.

En la producción historiográfica de Córdoba, realidad de la que tengo mayor conocimiento, cabe destacar los aportes de dos situaciones claves, y que ambas fueron rescatadas en la Introducción al libro sobre los 40 años de la última dictadura militar en Córdoba, de Carol Solís y Pablo Ponza (2016):

a) Las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que en el marco de una causa judicial por enterramientos clandestinos en el cementerio San Vicente, publicó Cementerio de San Vicente: informe 2003. Este informe permitió poner en contexto el trabajo de recuperación de identidades de los desaparecidos asesinados e incorporar el aporte de un grupo de investigaciones que propusieron un nuevo marco de lectura de los hechos ocurridos.

b) El segundo dato fue la reapertura de las causas por crímenes de Lesa Humanidad (2005) –vinculada a la política de DDHH impulsadas por el Gobierno de Nestor Kirchner- que en Córdoba implicó la aprobación de la Ley de creación de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria (2006) en la Ex D2, y la conversión de otros dos antiguos centros clandestinos de detención de personas -La Perla y Campo de la Ribera- en espacios de memoria y difusión de los derechos humanos.

Así, este pasado cercano, realizado desde y en los espacios locales comprende un heterogéneo y complejo temario que incluye una temporalidad abarcativa, conteniendo los procesos de movilización social, politización y radicalización ideológica, la lucha armada, las organizaciones parapoliciales, el funcionamiento del sistema político y los partidos políticos, las formas locales del terrorismo de Estado, los centros clandestinos de detención, los organismos de DDHH, las disputas sobre la(s) memoria(s), entre otros tantos temas. Esto no implica que su abordaje sea similar y de relevancia historiográfica, pero si revela la densidad e intensidad de una historia que está en desarrollo, que demuestra o revela las articulaciones, las tramas, conexiones, que dialoga, cuestiona, matiza, contextualiza afirmaciones o explicaciones generales. Y en parte, ello es así porque las fuentes y los archivos suelen ser los primeros disparadores de interrogantes que contradicen los enfoques generales y abren otras ventanas desde donde analizar lo dado, lo dicho y lo que parecía común y compartido.

Para ir cerrando, recupero una pregunta inicial, desde que presente volvemos a discutir los 70? Marc Bloch nos alertaba cuando afirmaba: “La ignorancia del pasado no se limita a impedir el conocimiento del presente, sino que compromete, en el presente, la misma acción”. Según afirmaba el propio Bloch (1982), sería un error pensar que los historiadores deben realizar sus investigaciones a partir de un orden modelado por los acontecimientos. Si bien pueden en última instancia realizar una lectura del pasado, muchas veces pueden obtener mayor provecho si comienzan a leer la historia “al revés”, es decir a partir del presente (pp. 38-39).

Pensar la historia al “revés”, es explicar el pasado desde el presente, este presente que no es sino la superficie del mar, una superficie que sólo se manifiesta buceando en las profundidades de la historia.

Recurriendo nuevamente a Julio Aróstegui Sánchez (2001), este académico, en respuesta a las expresiones de José María Maravall quien supo afirmar, muy enfáticamente, que el historiador no podía en forma alguna adentrarse en el presente: la historia no explica el presente, sentenciaba, y el intento de lo contrario no lleva sino al riesgo de convertir la Historia en otra cosa. Aróstegui Sánchez recordaba, que eran los tiempos de Franco, y era mejor no arriesgarse a explicar el presente.

En la vereda del frente a Maravall, creo precisamente lo contrario: urge explicar el presente. Pero apremia también explicar el pasado cercano Y entonces, retomando la pregunta inicial: Cómo vuelven los setenta? Para explicar por qué y cómo fue posible; para debatir y pero sobre todo, para interrogar y abrir un nuevo campo de inteligibilidad sobre el pasado reciente y las derivas de la memoria.

Hacer este ejercicio, es un ejercicio político, y como hecho político, puede ser funcional al poder hegemónico, o puede también, ser resistente al orden vigente.

Posicionarnos en esta paradoja es crucial, revela la importancia de hacer / investigar /explicar / enseñar / escribir, desde los lugares o espacios que se habiliten, desde donde podamos, con los recursos que se tengan, porque la historia, en tanto ciencia social, debe procurar ser objetiva, pero ello no implica ser neutrales.

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